El Gobierno peruano ha destinado una transferencia presupuestaria superior a los 24 millones de soles para fortalecer la Procuraduría General del Estado y la Dirección General de Defensa Pública en este cierre de año. Esta inversión tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de respuesta frente a arbitrajes internacionales de inversión y asegurar que ningún ciudadano carezca de asesoría legal en procesos penales o de familia por falta de recursos. Parte de estos fondos se han utilizado para la creación de nuevas unidades especializadas en Condorcanqui y otras zonas rurales, donde la presencia del Estado en materia de justicia era limitada. Asimismo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ha emitido nuevos lineamientos para la defensa legal de servidores y exservidores públicos, delimitando claramente los criterios de financiamiento y responsabilidad administrativa. Con estas acciones, se busca no solo proteger los intereses patrimoniales del país ante tribunales extranjeros, sino también consolidar un sistema de defensa legal interna más robusto, técnico y accesible para toda la población.
